Transportistas rechazan bloqueos en Chía y ratifican diálogo por tarifas
Tras los bloqueos registrados el pasado viernes 11 de septiembre de 2026, los gerentes de las empresas de transporte urbano de Chía aclararon que las manifestaciones y afectaciones a la movilidad no fueron autorizadas por las compañías y reiteraron su disposición a continuar el diálogo para avanzar en la definición de la tarifa.
Pronunciamiento oficial y análisis en el Puesto de Mando Unificado (PMU)
La situación fue analizada en el Puesto de Mando Unificado (PMU), convocado el día de hoy 14 de septiembre de 2026, para revisar lo ocurrido y establecer acciones frente a las afectaciones generadas durante la jornada. En el encuentro participaron representantes de la Administración Municipal, Policía Nacional, Ministerio del Interior, Personería Municipal, Procuraduría y los gerentes de las empresas Valvanera, Autoservicios Chía y Flota Chía.
Durante el espacio, los gerentes fueron enfáticos en señalar que no estuvieron de acuerdo con los bloqueos ni autorizaron estas acciones. Además, aclararon que ninguna de las tres empresas había designado representantes para hablar en su nombre durante la jornada.
La posición de las gerencias coincide en un punto central: las diferencias relacionadas con el incremento de la tarifa deben resolverse mediante las mesas de trabajo y los canales institucionales que ya se encuentran establecidos hace varios meses, no mediante vías de hecho que terminen afectando a la ciudadanía y yendo en contra de los derechos fundamentales de quienes transitan por el municipio.
El proceso técnico y legal detrás de la definición tarifaria
De acuerdo con lo expuesto en el PMU, durante febrero, marzo y abril se adelantaron reuniones entre las empresas y las autoridades competentes para revisar las estructuras de costos requeridas para el estudio tarifario. Las compañías presentaron los insumos correspondientes, incluidos los relacionados con sus costos de operación y las condiciones laborales de los conductores, como parte del proceso técnico.
En ese sentido, cabe destacar que el incremento de la tarifa no depende solo de una decisión unilateral del alcalde Leonardo Donoso. La regulación del transporte público urbano colectivo requiere un estudio técnico y el cumplimiento de un procedimiento institucional. Además de esto, el mandatario se encuentra impedido para tomar esta decisión debido a su participación como socio minoritario en una de las empresas de transporte, por lo que el trámite debió continuar ante las autoridades competentes, específicamente ante la procuraduría, para emitir el impedimento y darle así traslado al Secretario de Movilidad de la Gobernación de Cundinamarca, que dando cumplimiento con todo lo de la ley, será quien podrá avanzar en la expedición del decreto tarifario de transporte público urbano 2026.
El llamado general a priorizar el diálogo institucional sobre las vías de hecho
Más allá de la discusión sobre el valor del pasaje, uno de los principales llamados realizados durante el PMU fue a mantener abiertos los canales de diálogo. El delegado del Ministerio del Interior insistió en que existen escenarios institucionales para tramitar las diferencias y que la confianza incondicional en los acuerdos debe prevalecer sobre las vías de hecho.
En la misma línea, el Personero de Chía recordó que el municipio ha mantenido un diálogo permanente con los transportadores y señaló que esta continúa siendo la vía para encontrar soluciones. La Policía Nacional, por su parte, indicó que seguirá actuando dentro del marco legal y acompañando estos escenarios mediante sus capacidades de prevención, diálogo y mediación.
Acciones y medidas adoptadas frente a las afectaciones a la movilidad
Para fortalecer estos mecanismos, se planteó establecer una comunicación directa entre las empresas y los conductores (uno en calidad de afiliado conductor y otro en calidad de conductor), como voceros definidos por cada una de las compañías, de manera que los avances y compromisos realizados en el PMU sean comunicados a todas las partes, las inquietudes puedan ser trasladadas a las mesas de trabajo y se haga seguimiento a todo el proceso.
Además, la Administración Municipal en cabeza de su alcaldesa encargada Hilda Alfonso, también manifestó su preocupación por las consecuencias de los bloqueos del viernes. Durante varias horas, la Avenida Pradilla y el sector de la Plaza de Mercado registraron fuertes represamientos que afectaron a estudiantes, rutas escolares, trabajadores, familias y vehículos de emergencia, entre ellos ambulancias que tuvieron dificultades para avanzar. Para lo cual solicitó iniciar las actuaciones administrativas correspondientes desde las empresas frente a las personas que participaron en los desmanes y reiteró que el ejercicio de los derechos debe darse sin afectar los derechos de los demás ciudadanos.
Así, mientras avanza el procedimiento institucional para definir la tarifa del transporte público urbano, la Administración Municipal, las autoridades y las empresas de transporte coinciden en que cualquier diferencia debe tramitarse mediante el diálogo, la concertación y el cumplimiento de la ley, y que cualquier afectación a la movilidad y el derecho de los ciudadanos a desplazarse, estudiar, trabajar o acceder a una atención de emergencia no puede convertirse en el mecanismo para resolverla.